MAREMÁGNUM… ERRORES ¿DE FONDO?

Mario Vargas Suárez

La campaña presidencial de México, en el 2018, como tantas otras en el país desde hace décadas, se llenaron de promesas de los diversos candidatos y no en pocos casos se utilizó la figura de los Notarios Públicos para acreditar sus compromisos de llegar a la Silla Grande que buscaban.

A la largo de la historia nacional, no son pocos los titulares de la Silla grande del Palacio Nacional o del Palacio de Gobierno en una Entidad (léase presidentes o gobernadores), los que han hecho público el cumplimiento de los ‘compromisos de campaña’… aunque muchos de ellos quedaron en el mundo mediático.

La campaña del tabasqueño llegado a la presidencia en el 2018, así como la de incontables gobernadores, pese a la firma notariada (se supone compromiso formal y hasta legal) de que beneficiarían a miles de votantes y sus familias, la realidad se vuelve ficción.

Se viven contradicciones, incumplimiento en los compromisos, como el pasado 28 de mayo, se hizo viral la nota mediática de que el extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, según la Fiscalía General de la República, antes PGR, tenía una orden de aprensión emitida por un Juez de Control del Reclusorio Sur en la CDMX.

Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) se les acusó de, por al menos tres delitos: defraudación fiscal, lavado de dinero y cohecho.

Las especulaciones sobre la probable fuga de los inculpados, abrieron más los rumores, pero también circuló con muy tenue volumen sobre la inocencia de Lozoya y del propietario de Altos Hornos.

Se rumoró también que los abogados en defensa de los acusados buscaron el amparo de la justicia mexicana, contra lo que consideraron irregularidades hasta que lograron que un juez federal concediera la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión emitida la semana pasada por un juez de control del Reclusorio Sur.

La juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México confirmó su propia decisión -frenar la ejecución de la orden de captura, emitida contra Emilio Lozoya Austin- derivada de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero.

El asunto central es que al exdirector de PEMEX fue acusado por la Fiscalía General por la compra de Agronitrogenados -planta propiedad de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA)- que realizó Pemex en el 2014.

Aquí vale decir que personajes muy cercanos a la presidencia de la República, pertenecían al Consejo General de PEMEX cuya titularidad les involucra en forma directa al haber autorizado la supuesta fraudulenta compra.

Dice el reporte del Universal, que el Consejo de la Judicatura Federal, al revisar el expediente, determinó que “….el Juicio de Amparo se otorga debido a que Emilio Lozoya no es requerido por ningún delito que merezca prisión preventiva de oficio o grave.”

Mientras, a nivel mediático se informó que hasta la Policía Internacional conocida como INTERPOL estaba notificada para la detención del exfuncionario del gabinete Peñista.

Vale aclarar que el Amparo concedido a favor de Lozoya, niega la detención del inculpado, pero de ninguna manera la suspensión de la averiguación en su contra o la

negativa para no comparecer ante la Agencia del Ministerio Público Federal. Es decir, que, de ser requerido por la FGR, Lozoya deberá acudir a declarar.

Por lo pronto la INTERPOL deberá guardar la Ficha Roja (orden internacional de captura) que emitió a 194 países, hasta el próximo 24 de junio, fecha fijada como audiencia constitucional, si podrán continuar en su localización.

¿Se siguen haciendo mal las cosas en esta 4T?

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