Mario Vargas Suárez

Uno de los grandes problemas de los mexicanos es el uso indiscriminado de palabras en otro idioma, aunque en determinados contextos, como en la tecnología, música o computación, el uso de palabras extranjeras en nuestro idioma, parece hasta cotidiano.

En nuestro país, hubo un secretario de Educación Pública que escandalizado por el uso excesivo de palabras fuera del idioma oficial, promovió, y logró un decreto donde se prohibió el uso de palabras extranjerizantes en lugares públicos, hasta que se presentó el lógico conflicto con empresas trasnacionales.

En este siglo XXI es tan normal el uso de palabras extranjeras que hasta en la política de la Cuarta Transformación del presidente López, se usan sin contemplaciones, al grado que el término de ‘outsourcing’ ha ocupado, desde hace unos meses, un buen espacio en contextos como el Palacio Legislativo de San Lázaro, la presidencia de la República, los empresarios, los trabajadores y desde luego en la comunicación.

Los ciudadanos tenemos derecho a saber y, con motivo de este tema, indago en diccionarios cibernéticos que ilustran, “Outsourcing es un término del inglés que podemos traducir al español como ‘subcontratación’, ‘externalización’ o ‘tercerización’. En el mundo empresarial una organización privada o gubernamental contrata a una o más empresas externas para que hagan alguna actividad específica.”

En otras palabras: Se trata de la contratación de una empresa, comprometida a determinadas actividades, como vigilancia, aseo, limpieza, mensajería, atención médica, etc., sin tener una relación laboral con los trabajadores.

Lo extraordinario es que los empleados físicamente pueden desempeñarse en una dependencia, como el mismo Palacio Nacional, pero de ninguna manera son empleados federales.

Las prestaciones de ley, como aguinaldos, vacaciones, salarios, etc., presumiblemente son cubiertas por la empresa que les contrata como empleados. Jamás por la dependencia federal, estatal o descentralizada donde físicamente laboran.

Como ejemplo podemos citar dependencias federales, estatales y municipales con sede en Tamaulipas, que tienen este tipo de contratos, como en el ISSSTE, IMSS, tiendas, mueblerías, escuelas, etc., que pueden ser o no del gobierno.

En noviembre y diciembre pasados, en el seno de los legisladores, se dio la discusión sobre el fenómeno de ‘outsourcing’ y tan fuerte fueron los intereses que se manosearon, que hubo de necesidad de suspender el tema.

Sin embargo, en el Palacio Nacional, sede del gobierno y residencia del Poder Ejecutivo Federal, los responsables de la administración del edificio, construido por y para los españoles, decidieron no renovar el contrato a la empresa Decoaro y Supervisión S.A. de C.V., encargada de la limpieza del inmueble, quizá porque fue identificada como ‘outsourcing’.

Aunque investigaciones periodísticas descubrieron que Decoaro y Supervisión S.A. de C.V. ha recibido más 180 millones de pesos en contratos del gobierno federal por la subcontratación de más de 1,500 empleados y en los pasados dos años, ha recibido 23 contratos, entre otros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de las Secretarías de Turismo (Sectur), Relaciones Exteriores (SRE) y Comunicaciones y Transportes (SCT), entre otras dependencias.

Otro descubrimiento es que a la compañía presentó irregularidades por violaciones laborales; además. También en asuntos fiscales, el domicilio fiscal registrado, según los vecinos, nunca ha habido una empresa.

El presidente López Obrador hizo público su desconocimiento sobre Decoaro y Supervisión S.A. de C.V., y se comprometió a que la compañía será revisada porque “…el gobierno debe dar el ejemplo en temas de subcontratación.” Es decir, a más de dos años de vivir y despachar ahí, el presidente López desconocía del tema.

Con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Gobierno federal ha gastado alrededor de 5 mil millones de pesos en la celebración de 50 contratos con empresas tipo outsourcing, durante 2019 y 2020.

Presumiblemente el Palacio Nacional ya no renovó contratos con Decoaro y Supervisión. El pero… es que el periódico Reforma informa que ahora, todas las labores de limpieza en el Palacio Nacional las efectúa otra empresa, Rapax, cuyos trabajadores dicen no tener buenas condiciones laborables.

Una empleada de Rapax dijo que la compañía solamente paga el salario mínimo y les da 25 minutos para comer; otro dijo que los despide y contrata periódicamente para que no generen antigüedad.

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