El Universal Online

El gobierno mexicano tiene hasta el 23 de enero de 2022 para responder a la argumentación de las 11 armerías estadounidenses que reclaman desechar la demanda en su contra, determinó hoy una corte de Boston.

El juez Dennis Saylor, de la Corte Federal de Massachusetts, fijó ese plazo, luego de que el pasado 22 de noviembre las armerías respondieran a la demanda que México presentó en su contra, acusándolas de incurrir en negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas.

El juez para el 27 de enero de 2022 la audiencia donde se considerará la solicitud de las armerías de desechar el caso.

Las empresas armamentísticas coincidieron en que la acusación mexicana no tiene razón de ser, ni fundamento, rechazando facilitar o promover el acceso de grupos del crimen organizado a las armas que ellos fabrican. También dijeron que México se equivocó en presentar la demanda en una corte que no tiene jurisdicción para el caso que presenta.

Cada fabricante de armas, así como el distribuidor Witmer, presentó su propio argumentario ante la corte: Witmer, por ejemplo, señaló que “el demandante [el gobierno de México] hace reclamos vagos, demasiado amplios y que abarcan a todos los demandados; es imposible determinar qué causas o acciones se dirigen realmente a Witmer”, así como carece de “acusaciones específicas directas” contra la empresa.

Barrett Firearms Manufacturing, Inc., con sede en Tennessee y fabricante de rifles de gran calibre, alegó que “la demanda no proporciona afirmaciones fácticas que demuestren de manera plausible un derecho a cualquier reparación del demandante contra Barrett. Es razonable suponer que el Demandante incluiría alegatos fácticos para respaldar su reclamo en su voluminosa queja de 135 páginas si pudiera hacerlo.

No hay ninguno. Por lo tanto, la única inferencia razonable es que el demandante no incluyó tales alegaciones porque no podía hacerlo sin entrar en conflicto con los requisitos de alegato de buena fe del tribunal”.

Sturm, Ruger & Co., que vende más de 8 mil variaciones de armas en 40 líneas de producto, criticó que “el gobierno mexicano se basa en la cadena de eventos vaga, sin respaldo y altamente atenuada […] que involucra a presuntos múltiples actores no relacionados con Ruger, algunos de los cuales supuestamente actuaron de manera criminal, para conectar las actividades legales de Ruger en Massachusetts con la violencia criminal en México”.

Es esa, la falta de concreción y pruebas de México contra los fabricantes en la supuesta conexión entre las armas que manufacturan y su llegada a manos del crimen organizado, una de las quejas más reiteradas en contra de la demanda presentada por México. “No se hace referencia ni siquiera a una sola arma vendida en Massachussets que luego fuera recuperada en la escena del crimen o en cualquier otro lugar de México”, se quejó Barret.

Los acusados aseguran además que la corte de Boston no es el lugar en el que se debería dirimir el caso, de todos modos. “Los contactos de Ruger con Massachusetts no están relacionados con las causas de acción del gobierno mexicano que alegan que Ruger es legalmente responsable del tráfico y uso criminal de armas de fuego por terceros remotos en México”, señaló Sturm, Ruger and Co, que aseguró que “no se logra establecer el vínculo necesario entre Massachussetts y los reclamos del gobierno mexicano”.

“La demanda no contiene ninguna acusación de venta ilegal por parte de Glock o Witmer en Massachussets”, apuntó Glock.

“El gobierno mexicano ha presentado esta acción ante un juzgado de distrito ubicado a más de 3 mil 200 km de distancia, por daños ‘procesables’ que admite que ocurrieron íntegramente dentro de sus propias fronteras. Si bien [el gobierno mexicano] reconoce que las armas de fuego traficadas ilegalmente que se encuentran en México fueron originalmente fabricadas y vendidas en otros estados, el demandante hace la afirmación sin fundamento de que Massachusetts es la ‘fuente’ del ‘flujo de armas hacia México’”, insistió Glock.

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