La Jornada

Morelia, Mich. El gobierno de Michoacán emitirá una disculpa pública a la comunidad purépecha de Arantepacua, municipio de Nahuatzen por la agresión cometida por cuerpos de seguridad del estado el 5 de abril de 2017, en la que cuatro comuneros perdieron la vida, y pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) se desista de la investigación en contra de la gente de este pueblo, a la que se le trataron de imputar delitos no cometidos.

En conferencia de prensa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo que harán caso a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de enviar disculpa a ese pueblo originario ubicado en la región de la Meseta Purépecha.

“Ya estamos listos para la disculpa pública que tenemos que dar como gobierno, ese evento no ocurrió en nuestra administración (sino en la de Silvano Aureoles), pero sí nos corresponde con base a la resolución de la CNDH emitir las disculpas públicas a la comunidad, a las personas afectadas de manera directa e indirecta y estamos trabajando para resarcir el daño y la violencia ocasionada”, señaló.

Ramírez Bedolla enfatizó que están trabajando también en el cumplimiento de los cuatro compromisos con el pueblo de Arantepacua y estos son: la unidad deportiva; instalación de una universidad, para ello se está proyectando un campus de la Universidad Intercultural Indígena; además de un taller de carpintería, por lo que el ICATMI tendrá una plantel especializado a nivel bachillerato; además de instalar una clínica-hospital para toda esa región.

El gobernador morenista subrayó que está de acuerdo en que la Fiscalía General de la República (FGR), atraiga este caso para que se aclaren los hechos.

El pasado 15 de marzo, habitantes de la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, reprocharon a la Fiscalía General de la República (FGR) haberse negado a atraer el caso de la agresión que comuneros de esa población purépecha sufrieron a manos de elementos de la policía estatal el 5 de abril de 2017, ataque que dejó un saldo de cuatro muertos, 10 casos de tortura, así como “tratos crueles e inhumanos” a 38 personas.

A cinco años de la represión, que en su momento las autoridades estatales aseguraron haberse tratado de un “enfrentamiento”, cuando a raíz de una disputa por tierras comunales con Capacuaro, los habitantes de Arantepacua retuvieron al menos 10 vehículos y en lo que sería la recuperación de unidades se convirtió en una agresión hacia esta comunidad en la que hubo cuatro personas muertas, decenas de detenidos y por lo menos 15 lesionados.

Arantepacua disputa tierras con la comunidad de Capacuaro, lo que derivó en que comuneros retuvieran 10 vehículos. La policía estatal y la entonces procuraduría estatal intervinieron y, según pobladores, dispararon contra personas desarmadas. Desde entonces las protestas de esta población han sido reiteradas ante el gobierno perredista anterior que trató de criminalizar a este pueblo originario.