Milenio

El Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) exhortó a la comisionada presidenta del instituto, Blanca Lilia Ibarra, a transparentar las razones por las que se decidió designar a dos ex comisionados, que acaban de concluir su encargo dentro del pleno, en secretarías ejecutivas dentro del organismo.

En sesión pública del miércoles 4 de mayo, el pleno del INAI aprobó por unanimidad nombrar a los ex comisionados Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov ─quienes concluyeron su periodo dentro del pleno el 31 de marzo─ como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y secretario ejecutivo del INAI, respectivamente.

En un comunicado, el Consejo Consultivo ─instancia ciudadana que vigila el quehacer de los comisionados del INAI y emite opiniones y recomendaciones─ cuestionó la ausencia de argumentación para la designación de Guerra y Monterrey dentro del organismo.

Nunca antes se había designado en cargos de menor jerarquía dentro del instituto a ex comisionados del pleno.

“La designación de los ahora secretarios ejecutivos se hizo sin que en la sesión pública ordinaria del pleno del Órgano Garante Nacional, deliberando en forma colegiada, se expusieran las razones y justipreciaciones de por qué los seleccionados, que tienen gran trayectoria, habrían de ocupar dos cargos en la estructura administrativa del INAI”, reprochó el consejo.
“La designación de los ahora secretarios ejecutivos se hizo sin que en la sesión pública ordinaria del pleno del Órgano Garante Nacional, deliberando en forma colegiada, se expusieran las razones y justipreciaciones de por qué los seleccionados, que tienen gran trayectoria, habrían de ocupar dos cargos en la estructura administrativa del INAI”, reprochó el consejo.

Además, consideró que las designaciones de cualquier servidor público deben alinearse “a las mejores prácticas de selección y de apertura gubernamental, donde haya una amplia difusión de los criterios de selección, las evaluaciones, así como de la deliberación y votación que fundamenten la designación”.

Por ello, recomendó “que los expedientes relativos a las designaciones se hagan públicos a la brevedad, a fin de que puedan ser conocidos por todos los interesados, atendiendo el principio constitucional de máxima publicidad”.

Por los cargos que ahora ocupan, Guerra y Monterrey caen en la categoría de personal de libre designación, permitido dentro del INAI, y en la estructura dependen de la comisionada presidenta, ante lo que el Consejo solicitó que se le informen los avances para implementar el servicio profesional de carrera, el cual debería acotar la llamada “libre designación”.

Asimismo, el consejo pidió establecer un enlace con el pleno del INAI para que los integrantes de la comisión de organización y presupuesto del consejo puedan obtener la información requerida y trabajar conjuntamente.

“Un proceso de designación transparente y documentado fortalece a las instituciones de nuestro país, coadyuva al ejercicio del derecho a la información y promueve que los funcionarios designados al amparo de esos esquemas sean imparciales e independientes en su labor”, concluyó el consejo.
“Un proceso de designación transparente y documentado fortalece a las instituciones de nuestro país, coadyuva al ejercicio del derecho a la información y promueve que los funcionarios designados al amparo de esos esquemas sean imparciales e independientes en su labor”, concluyó el consejo.

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