-Animal Político

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que se hicieron, hasta ahora, 70 cambios al dictamen sobre la reforma electoral que aprobó y envió la Cámara de Diputados el pasado 7 de diciembre.

“Hoy se envió el proyecto de dictamen que contiene 70 artículos modificados y que van a regresar a la Cámara de Diputados, cámara de origen. Identificamos bloques de inconstitucionalidad y ya eliminamos algunos de ellos pero seguimos analizando con toda responsabilidad y seriedad, lo que no queremos es que la Constitución se altere”, dijo el senador, quien había advertido que se revisaría a detalle la iniciativa de reforma electoral del presidente.

“Estamos cuidando la Constitución y estamos ciudadano el futuro de la democracias de México”, dijo Monreal quien publicó el documento con las modificaciones, luego de que 19 exconsejeras y exconsejeros del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y del actual INE llamaron a los legisladores a debatir la reforma electoral en foros y mecanismos de consulta, antes de votar las iniciativas.

Esto, al considerar que los cambios ya aprobados por la Cámara de Diputados no garantizan elecciones libres y confiables.

“El rediseño que sufrirían las autoridades electorales es de gran calado y amerita una reflexión pausada en torno a sus implicaciones. Advertimos muchos más riesgos y retrocesos que beneficios. Por ello hacemos un respetuoso llamado para que activen foros y mecanismos de consulta y deliberación para desahogar de la mejor manera tan trascendentes iniciativas”, suscribieron exconsejeros electorales, entre ellos, Marco Antonio Baños, Jacqueline Peschard, Pamela San Martín, Luis Carlos Ugalde, José Woldenberg y Mauricio Merino.

Durante la madrugada del pasado 7 de diciembre, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados lograron aprobar en fast-track el “plan B” de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual se conforma de dos iniciativas. Una plantea cambios a tres leyes y la expedición de una nueva, con lo que busca reducir la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) —institución continuamente criticada por López Obrador—, así como acortar la duración de los procesos electorales. La otra iniciativa cambia otras dos normas para acotar el concepto de “propaganda gubernamental” con el fin de que las expresiones de los funcionarios públicos no sean consideradas así.