Enrique Jonguitud

El Congreso de Tamaulipas colocó bajo presión al gobierno municipal de Río Bravo al exigirle el pago de una deuda superior a los tres millones de pesos que mantiene con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Durante la discusión en el pleno, los legisladores advirtieron que el adeudo compromete la operación financiera de la Comapa y pone en riesgo la continuidad del servicio de agua potable para los habitantes del municipio fronterizo.

El diputado Humberto Prieto Herrera señaló que el Ayuntamiento, encabezado por Miguel Ángel Almaraz, ha sido notificado del monto pendiente, sin que hasta ahora exista evidencia de voluntad para liquidarlo.

“Es importante mencionar que el municipio de Río Bravo tiene una deuda de 3 millones 36 mil pesos, y se le hizo ya de su conocimiento también para que pase y haga el pago correspondiente en lugar de absorber la Comapa y no sé si quiere hacer oídos sordos y no pagar la deuda que está ahí”.

Prieto Herrera explicó que, de manera paralela al adeudo, el alcalde ha solicitado que la Comapa sea transferida del ámbito estatal al municipal, pero sin cumplir los requisitos legales que exige ese procedimiento.

Detalló que no se ha presentado prueba de que el Cabildo de Río Bravo haya aprobado formalmente dicha solicitud, lo que deja sin sustento jurídico la petición hecha por el presidente municipal.

“Las declaraciones que hizo hace algunos días el presidente municipal Miguel Ángel Almaraz sobre el tema de Comapa donde señala que el gobernador y el Congreso del Estado no le quieren entregar la Comapa al municipio, lo cual es totalmente falso”.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local precisó que por ello se ha solicitado documentación básica, en particular las actas de Cabildo que avalen la decisión del municipio.

“Es decir, las actas de Cabildo del 26 de junio y el 13 de agosto de 2025 que acreditan la aprobación municipal sobre transferir la Comapa para el municipio”.

Finalmente, Prieto Herrera llamó al alcalde de Río Bravo a apegarse a la ley, cumplir con los trámites formales y liquidar la deuda millonaria que el municipio mantiene por el servicio de agua potable.