Enrique Jonguitud
El llamado Plan B de la reforma electoral no implica modificaciones de fondo a los procesos electorales en México, sino que se centra principalmente en ajustes administrativos y medidas de austeridad, afirmó Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas.
Al referirse a los alcances de esta iniciativa, el funcionario subrayó que, a diferencia de una reforma estructural, el Plan B no transforma la manera en que se desarrollan las elecciones.
«No hay una modificación a los organismos electorales, no hay una cirugía mayor a los procedimientos electorales que ya conocemos, solamente en el tema de los cómputos ajusta algunas disposiciones en materia de fiscalización», señaló.
Enfatizó que el Plan B no puede considerarse una reforma electoral de gran alcance.
Ramos Charre apuntó que el plan B, «en el fondo no es de Gñgran calado electoral, más bien es una reforma que busca obtener ahorros achicando a los ayuntamientos y también estableciendo topes de presupuestos para los congresos de los Estados»
Ramos Charre explicó que el enfoque principal de la propuesta está en la reducción del gasto público, sin alterar las bases del sistema electoral.
En ese sentido, indicó que, en el caso de Tamaulipas, corresponde al Congreso del Estado determinar los salarios de los consejeros electorales, que actualmente ascienden a 126,000 pesos mensuales.
Durante la entrevista, recordó que la legislación local establece límites salariales para los funcionarios públicos.
«Y no es el caso las consejerías nos ubicamos ni tampoco el funcionariado por arriba de la remuneración de la presidenta ni del gobernador constitucional», dijo.
Asimismo, detalló que los consejeros y funcionarios del organismo no cuentan con prestaciones de lujo
Ramos Charre sostuvo que los consejeros y los funcionarios del organismo electoral no tienen seguro de gastos médicos mayores o ningún otro tipo de seguro para pensionarse, entre otras cosas.